Las dos ramas del legislativo de la UE -el Parlamento y el Consejo- se han puesto hoy de acuerdo en que las autoridades podrán cortar el acceso de un usuario a internet sin necesidad de una orden judicial expresa, aunque tras un ‘procedimiento justo e imparcial’.
El Consejo de la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo llegaron a a un principio de acuerdo sobre el nuevo marco legislativo para el sector de las comunicaciones, después de una intensa negociación en la que han cerrado el último punto del paquete, relativo al acceso de los usuarios a internet.
Según fuentes parlamentarias, finalmente las dos delegaciones se han puesto de acuerdo en que ‘el acceso a internet de un usuario puede ser restringido, si resulta necesario y proporcionado, sólo después de un procedimiento justo e imparcial que respete el derecho del usuario a ser escuchado’.
El compromiso fue posible después de que la Eurocámara diera marcha atrás en su defensa de los derechos de los internautas. Los eurodiputados habían frenado hasta ahora la aprobación de la reforma de las telecomunicaciones reclamando que la nueva normativa prohibiera expresamente el acceso a Internet sin orden judicial previa, algo que no aceptaban los Gobiernos de los 27. Pero en la fase final de las negociaciones, el Parlamento cedió en sus exigencias y aceptó que no se requiera autorización judicial previa para cortar el acceso a Internet.
“Las ‘leyes de tres avisos’, que permiten cortar el acceso a Internet sin un procedimiento previo justo e imparcial o sin una revisión judicial efectiva y oportuna no se convertirán en parte de la legislación europea”, aseguró la comisaria responsable de Telecomunicaciones, Viviane Reding..
El acuerdo final todavía debe ser ratificado por los ministros de Telecomunicaciones y por el pleno de la Eurocámara durante el mes de noviembre. Si se cumplen los plazos, podría entrar en vigor a principios de 2010. Los países de la UE tendrán entonces 18 meses para incorporarlo a sus legislaciones nacionales.
El acuerdo “legaliza” de esta manera las nuevas leyes que en esta matería se están aprobando en algunos países europeos, como Francia o Reino Unido, y que posibilitan cortar el acceso a Internet a aquellos que descarguen contenidos protegidos por derechos de autor sin precisar una autorización judicial.
En España, la legislación exige esta autorización previa, pero el Gobierno estudia cambiar la normativa lo que será posible tras el acuerdo alcanzado por la Unión Europea.
