La decisión de Microsoft de exigir a partir de ayer a los usuarios que demuestren que su software es original antes de permitir su actualización a través de Internet representa, según sus críticos, una afrenta a la privacidad.

Se trata de una agresiva maniobra con la que el gigante informático pretende recortar las pérdidas económicas que sufre cada año por el uso de cientos de millones de copias piratas de las diferentes versiones de su sistema operativo.

Pero, además, con Windows presente en nueve de cada diez ordenadores de todo el mundo, las alternativas de expansión no son muchas, de manera que reducir el número de copias ilegales -una de cada tres, según los cálculos de Microsoft- es una de las pocas vías de crecimiento para este negocio. Los otros dos caminos por los que Microsoft ya ha apostado son incrementar el número de computadoras por hogar y ampliar el uso de los ordenadores en los mercados emergentes. El nuevo sistema, llamado Windows Genuine Advantage (WGA), pretende dificultar el uso de copias ilegales del gigante informático. La única excepción serán las actualizaciones de seguridad, lo que significa que, incluso si se trata de una copia pirateada, el usuario tendrá acceso a «parches» de seguridad.

El mecanismo se basa en la instalación de un pequeño software que registra el ordenador con Microsoft y permite la descarga de las frecuentes actualizaciones de los programas de la empresa.

Microsoft asegura que el programa sólo puede ser desinstalado formateando el disco duro, un proceso que destruye toda la información almacenada en el ordenador.

David Lazar, director de esta iniciativa, señaló que es necesario que la compañía haga una distinción más clara entre los usuarios que disponen de copias legales y los que no.